La mencionada decisión del Tribunal Civil Duodécimo Segundo de Caracas nos dio la razón ante las mentiras, abusos e ilegalidades cometidas por las empresas del autollamado grupo Auto Mundial, gAM, sus directivas y sus accionistas, principalmente la familia Blohm y los Hnos. Martínez, castigándoles con un resarcimiento económico importante a favor del demandante.
Tanto el gAM como nosotros ejercimos el derecho a la apelación de esa sentencia, cada parte por diferentes razones y el pasado 27 de febrero la sala de apelaciones decidió desestimando la solicitud del gAM y aprobando la nuestra, corrigiendo la falla expuesta por nosotros, aumentando el monto del resarcimiento.
Si el gAM hubiese negociado legalmente esa decisión, se hubiese ahorrado una suma importante en esta primera demanda de tres que les están llegando.
Con estas dos ya alcanzamos las doce victorias importantes en esta segunda etapa del largo proceso jurídico. Nuestras pruebas y argumentos son reales, ciertos, están probados, ¿qué busca el gAM, magia costosa y pocas veces efectiva? ¿Así trabajan?
Recordemos que esta segunda etapa se inició en noviembre del 2018 con aquella reunión en San José de Costa Rica, convocada por Eduardo Blohm, en la que fuimos amenazados por primera vez de varias veces, unas con llamadas telefónicas, otras con personas interpuestas y las más graves, con varias denuncias FALSAS, sin pruebas, que el gAM logra fácilmente que algunos operadores de justicia, no sabemos de qué manera, inicien, repetimos, sin pruebas ni argumentos.
El gAM insistirá, estamos seguros, en obstaculizar e incluso en anular o cambiar el ya evidente y justo resultado de estos litigios, buscando un mago que, con sus trucos, muy de moda en Venezuela, intente revertirlo, aunque legalmente, sea imposible.
Ya el grupo, por experiencias propias, costosas y vergonzosas, caso del año 2017 con Luisa Ortega, caso 2018 con la querella tramposa entre otros, debe haber aprendido que esas vías no les resolverán.
Pero insistimos en preguntar, ¿quién o quiénes pagan estos costosos y largos procedimientos? ¿Las compañías del grupo? ¿Todos los accionistas? ¿Los miembros de las diferentes juntas directivas?
¿Y quién se beneficia? El gAM, tras seis años de pagar tanto en gastos, hasta ahora NO. ¿Quizás los abogados que han fracasado tantas veces y cuya asesoría no parece funcionar? ¿Habrá otras personas que les conviene mantener vivos esos procesos?