En un fallo histórico, el TSJ ha puesto fin a una serie de abusivas irregularidades cometidas por varios tribunales de primera instancia y salas de apelación en un caso que debería escandalizar al Poder Judicial, al estado venezolano al mismo gremio de abogados. Sala Constitucional del TSJ, 9de diciembre del 2022.
Dichos tribunales y salas de apelación, cuyos titulares y miembros serán publicados próximamente, violaron descarada y gravemente el debido proceso cuando:
1ro. Ignoraron maliciosamente las normas elementales del Código Orgánico Procesal Penal.
2do. Tomar diversas decisiones que se contradecían entre sí.
3ro. Admitir delitos falsos e inexistentes, sin pruebas, sin siquiera indicios.
4to. Aceptar evidentes simulados hechos punibles.
5to. Invasión de competencias ajenas.
Otras vergonzosas decisiones.
Ante tan difícil e injusta situación y confiando aun así en Poder Judicial, el equipo de abogados del ciudadano afectado, la víctima, acudieron al máximo tribunal solicitando una revisión constitucional. Paralelamente, el ministerio público, fiscalía, que también notó las incongruencias, interpuso un recurso de casación.
El TSJ en diciembre del 2022, ejerciendo sus funciones, hizo lugar a ambas solicitudes y anuló todas las previas decisiones judiciales, calificándolas de arbitrarias y violatorias de los derechos fundamentales, ordenando nuevas decisiones "con base a derecho". ¡Qué vergüenza!
Además, el máximo tribunal ordenó la apertura de procedimientos penales y disciplinarios contra jueces y magistrados involucrados con sospechas de haber cometido delitos contra la administración de justicia.
Esta sentencia del TSJ es muy importante para la justicia en Venezuela y sin dudas, será utilizada como referente en futuros casos contra la corrupción.
La impunidad en el sistema judicial venezolano es un problema sistémico que requiere una solución integral que abrace la independencia del Poder Judicial, la mejor y cabal valoración de los abogados por su propia profesión y la seria y oportuna penalización a los corruptos, siendo estos funcionarios público o empresarios.
Puede ver la Revisión Constitucional aquí